Declaración conjunta sobre ACTA

Los gobiernos de Australia, Canadá, la Unión Europea, Japón, México, Marruecos, Nueva Zelanda, Emiratos Árabes Unidos, y los Estados Unidos están llevando a cabo negociaciones secretas para el denominado Acuerdo de Comercio Anti Falsificación o ACTAⁱ, por sus siglas en inglés (Anti-Counterfeiting Trade Agreement). Entre las varias disposiciones que el tratado ACTA incluiría, se encuentran las siguientes:

• Permitir a los proveedores de servicios de Internet (ISPⁱ por sus siglas en inglés) monitorear a sus usuarios y suspenderles los servicios de Internet, si se presume que comparten materiales protegidos por derechos de autor;
• Establecer medidas de “respuesta graduada” y fincar responsabilidad al proveedor de los servicios de Internet (ISP) en cuestión, lo que implica la operación de filtros en Internet, así como limitar la interoperabilidad de las obras digitales legalmente adquiridas;
• Autorizar a los guardias de seguridad en las fronteras a revisar laptops y reproductores de MP3, e incautarlos en el caso de que contengan material que aparentemente infrinja los derechos de autor;
• Introducir nuevas sanciones e infracciones de derechos de autor, incluyendo algunos usos del servicio de Internet que anteriormente no eran penalizados; y
• Afectar otras cuestiones importantes, tales como el acceso a los medicamentos.

Desde nuestro punto de vista esto es razón suficiente, para expresar preocupación sobre las consecuencias que este acuerdo pueda tener sobre los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos de los países involucrados. Esta inquietud ha sido confirmada por la Comisión Europea, que claramente señala el hecho de que este acuerdo limitará derechos y libertades civiles, en particular aquellos ligados a la libre expresión y protección de la privacidad.

El proceso de la presente negociación, la cual es llevada a cabo en secreto y a puerta cerrada entre representantes de los países involucrados, también es de particular preocupación para los consumidores. De hecho, dichos gobiernos han participado en estas negociaciones por más de 18 meses, sin haber divulgado aún los textos o permitido al público observar o participar durante el proceso, lo cual, por sí mismo, señala la falta de transparencia y el poco respeto a los principios democráticos. Es extremadamente desconcertante el hecho de que algunas industrias hayan tenido acceso al documento relacionado con ACTA, mientras que al propio Parlamento Europeo y a varios grupos de consumidores se les haya negado.

Los gobiernos tienen el deber de informar a sus ciudadanos sobre futuros acuerdos que se encuentren en proceso de negociación y que tengan un impacto directo sobre derechos y libertades esenciales.

Es por esto que hacemos un llamado a los miembros de  los parlamentos, congresos o asambleas representativas de sus respectivos países para asegurar que sus gobiernos actúen de una manera transparente en el presente proceso de negociación mediante la publicación del Acuerdo propuesto y se opongan a cualquier disposición que pudiera limitar o dañar los derechos y libertades fundamentales de sus ciudadanos.